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Exigir transparencia a los medios de comunicación

broken-549087_1280Los medios de comunicación tienen un alto nivel de responsabilidad en el grado de conocimiento y de madurez de los ciudadanos que componen una sociedad democrática. Pero hoy, en momentos de profunda crisis económica e institucional que ha degenerado en una profunda desconfianza hacia los políticos en general, la transparencia de los mismos es más necesaria que nunca.

Las leyes de transparencia, instigadas normalmente por los medios de comunicación, que obligan a los Gobiernos y administraciones públicas a dar libre acceso a toda la documentación de la que disponen (salvo la que afecta a la seguridad nacional y a la intimidad de las personas) son el mejor acicate para poder controlar la acción política y mejorar la salud democrática de un país. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se toman las decisiones gubernamentales, en base a qué y quienes participan en ellas, con qué fundamento y con qué medios y consecuencias para nuestras vidas.

En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental como agentes de los ciudadanos para filtrar esa información y controlar la acción política y verificar si se producen abusos o no (corrupción, prevaricación, cohecho, etc.). Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación exigen insistentemente en una mayor transparencia de los poderes públicos, no se aplican para sí mismos esos niveles de exigencia informativa.

Las informaciones y los puntos de vista que transmiten dejan a menudo mucho que desear:

  • Por la imposibilidad de ser objetivo al ciento por cien;
  • Por los sesgos que acarrean las propias creencias e idolologías de los que son propietarios o dirigen el medio o por los intereses espurios de los que les financian y/o patrocinan, y que a veces afectan a la información.

Por eso es muy importante, más allá de exigirles un comportamiento estético y ético que se sustancie en un Libro de Estilo, que al menos sean transparentes en relación a:

  • La línea editorial que siguen, las convicciones, las ideologías que representan y el prisma a través del cual interpretan la realidad o intentan influir en el ánimo o percepción de sus lectores.
  • La trayectoria profesional, las creencias, las ideologías y las afiliaciones de los que escriben los artículos.
  • Las fuentes de patrocinio, además de la mera venta de publicidad.
  • Los ingresos de publicidad y subvenciones y ayudas provenientes de las administraciones públicas u otras entidades financiadas con dinero público.

Creo que es una exigencia democrática que todos los medios de comunicación publiquen de forma recurrente (anualmente, por ejemplo) los datos que permitan conocer de antemano la intencionalidad con la que publican información o artículos editoriales. Saber quién esta detrás (accionistas) y a qué se dedican. Conocer los nombres de periodistas y colaboradores y su filiación política si la tuvieren. Saber quiénes son sus principales anunciantes y patrocinadores y el volumen económico de sus transacciones con el medio. Estar al corriente de quienes son sus principales stakeholders (proveedores, acreedores y deudores, suscriptores públicos). Conocer el volumen de las transacciones económicas realizadas con las administraciones públicas (publicidad, patrocinios y subvenciones, deudas con las administraciones públicas). Acceder a toda la información financiera de la sociedad editora sin tener que buscarla en el Registro Mercantil, etc. Todo ello ayudaría enormemente a conocer mejor la intencionalidad de los medios así como sus compromisos y limitaciones.

Naturalmente, no se debe ni puede exigir este ejercicio de transparencia informativa a través del ordenamiento jurídico, pues se conculcarían distintos derechos fundamentales que amparan también a los medios, a sus empleados y a sus stakeholders. Sin embargo, los medios que lo hicieran de forma voluntaria estarían mucho mejor vistos, serían más respetados y tendrían más posibilidades de ser creíbles y merecedores de la confianza del público en general y de sus lectores afines, en particular.

Eduardo Díez-Hochtleiner

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Mejorar la democracia mediante las tecnologías sociales

 

 


La proliferación de casos de corrupción política en España está teniendo consecuencias para la clase política. La ciudadanía, cansada de tanta corruptela, deja traslucir en las encuesta su malestar y desconfianza. Sin importar el signo del partido político, el nivel de responsabilidad o el cargo que ostenten, los políticos –gobernantes o no- pasan por uno de los momentos de menor credibilidad para la opinión pública. El problema es cuando esta sensación pasa a las instituciones y a la Administración Pública. A pesar de la tranquilidad aparente de vivir en democracia, la corrupción y falta de transparencia perjudican seriamente al modelo de Estado. En este contexto surge la necesidad de mejorar el sistema democrático y para ello, gracias a las tecnologías sociales que imperan en nuestra vida cotidiana, se cuenta con las herramientas precisas para hacerlo.

En un mundo ideal, el gobierno abierto, es decir, el gobierno con transparencia en su funcionamiento, participación ciudadana y espíritu de cooperación y colaboración –pueblo-Estado-, permitiría el acceso a toda la información sobre la Administración Pública. Sin opacidad, los ciudadanos podrían formar parte de la toma de decisiones, opinando y ayudando a los políticos y gestores. Hasta ahora este proceso de implicación ciudadana era complejo, hoy en día, gracias a la tecnología ha dejado de serlo.

Entre los ejemplos de involucrar tecnología con participación ciudadana, destaca el caso del pueblo granadino de Jun, de tan solo 3.000 habitantes. Allí se realizó, en 2004, la primera experiencia piloto en España de votación electrónica no presencial. Fue con motivo de las elecciones generales y autonómicas y se creo, ad hoc al momento, un sistema de urna electrónica para votar por Internet y con el teléfono móvil. La experiencia salió bien y sirvió para demostrar las enormes posibilidades tecnológicas que se pueden aplicar en un proceso electoral. Aunque la Junta electoral, ajena al éxito obtenido, no permitió repetir la iniciativa, Jun, como municipio emprendedor, celebra sus plenos municipales en abierto en la red, retransmitiéndolos en directo, on-line, “vía streaming”. A través de Twitter, sus ciudadanos tienen la ocasión de proponer y opinar sobre los asuntos que conciernen a su pueblo. Es una excelente forma de transparencia en la que, gracias a los mensajes y a Internet, la ciudadanía y el gobierno del ayuntamiento están conectados y en contacto directo, abordando los temas y las estrategias en pro del bien común.

Jun es una muestra, a pequeña escala, de los proyectos de la denominada “teledemocracia”. Es un adelanto de lo que algunos ya hacen y otros se proponen hacer, del sistema electoral del futuro que, a juicio de la rapidez con que se producen los cambios en la tecnología y la necesidad de transparencia, no será ni es muy lejano. Facilitar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones y favorecer la existencia de un Gobierno abierto son opciones que se van instaurando, adecuando los medios tecnológicos a las necesidades reales socio-políticas.

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María Font Oliver

El G2020, una plataforma para mejorar la democracia

 

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En los países occidentales rige el sistema democrático como forma de estado. La democracia, basada en la participación de la ciudadanía, facilita a la población de una nación escoger a sus representantes, encargados de ejercer las tareas de gobierno y oposición. La opción de participar es la característica fundamental de este sistema político que permite también entrar en discusión y opinar sobre cómo se ejerce el poder y se organizan las instituciones. Se ofrece así la posibilidad de entrar a debatir todas las cuestiones relacionadas con la Administración del Estado, propiciando la cohabitación de distintas ideologías bajo el manto democrático.

Este es el contexto en el que aparecen diferentes organizaciones y plataformas con el objetivo común de mejorar la democracia. Valiéndose de los diversos medios de comunicación, Internet y las redes sociales, intentan llegar al conjunto de la sociedad, fomentando el debate y la pluralidad de opiniones. Un ejemplo de ello es el nacimiento de la Plataforma de la Sociedad Civil G2020 que, sin ánimo de lucro, surge con la finalidad principal de regenerar la democracia en España. Detrás de esta iniciativa se encuentran instituciones significativas de la sociedad civil española, que promueven un análisis de los problemas y valores de la vida política y social. El propósito: elaborar propuestas para el diseño y la divulgación de las claves que van a configurar la sociedad española del futuro.

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Nuestro país, al igual que otras sociedades occidentales, afronta cambios importantes que, por un lado, proporcionan grandes oportunidades y, por otro lado, suponen enormes desafíos en ámbitos tan importantes para todos los ciudadanos como son el personal, el profesional y el de convivencia. La Plataforma G2020 quiere servir para aportar soluciones consensuadas a los conflictos, ofreciendo el conocimiento de expertos en distintas materias y favoreciendo también la participación de organizaciones. Unos y otros buscan contrastar todo el saber recopilado con la opinión pública y, de este modo, su fin último es apoyar la mejora del conocimiento que tiene la sociedad civil, considerando que ésta es la mejor manera de superar los retos que van surgiendo. Se trata, en definitiva de fomentar la participación ciudadana como muestra de que, pese a los problemas, nuestra democracia sigue gozando de buena salud y es posible opinar libremente.